LEGISLAR EN CALIENTE... Y EN FRÍO
Durante unos cuantos días toda la sociedad española ha estado pendiente de la desaparición del niño Gabriel Ruiz, cuyo desenlace fue un medio camino entre el horror y la estupefacción. Ni en los mejores guiones cinematográficos se hubiera dado un final así. La cuestión coincidió, ironías del destino, con una fuerte contestación popular en torno a la legislación de la PPR, Prisión Permanente Revisable, que en una falta de cintura política más que notable se llevó a una proposición de Ley en el Parlamento para su derogación. No era el momento, pero sus señorías no supieron o no quisieron verlo. Todos un poco por cuentas electorales se enfangaron en una discusión que por momentos pareció bizantina, con unos argumentos más propios de discusiones de taberna portuaria, que de gente que, se supone, tienen en manos el destino de una sociedad. Es incuestionable que la sociedad española está muy sensibilizada con este tema después de los recientes casos y que una gran mayoría está por la labor de no derogarla, aunque hubiera que cambiar algunos aspectos. Lo que está claro es que la sociedad debe tener herramientas de defensa ante elementos que no quieren estar en la misma de forma "civilizada" y que atentan contra las elementales normas de convivencia humana. No es de recibo que un asesino salga a la calle a los 7 años de un asesinato como si nada, que los asesinos de ETA con hasta 3.000 años de condena, salgan a los 15 años o poco más. Una cosa es la reinserción con el arrepentimiento por sus actos y otra muy distinta que corra la sensación de que todo el monte es orégano. No voy a entrar en las razones por las cuales los partidos, sobre todos de la llamada izquierda, proponen su derogación sin ofrecer nada a cambio, ni tampoco se justifica el ojo por ojo o la venganza sin control, pero ya que tanto hablan deberían pensar más en las víctimas y sus familiares. Por cierto, el ejemplo de los padres del pequeño Gabriel ha sido extraordinario en todo este durísimo tema. Yo propongo que este tema se saque a la calle, en una consulta a todos los españoles, para que decidamos que tratamiento queremos a todas aquellas personas que atentan contra nuestro derecho más elemental y valioso: el derecho a la vida.
